Cayó el capo del cartel del Golfo en México
Luego de cuatro horas de balacera, incluyendo la detonación de granadas de fragmentación, Beltrán Leyva y otros seis sicarios murieron a tiros en un lujoso condominio en Cuernavaca. Calderón festejó y recibió felicitaciones de Washington.


Por Gerardo Albarrán de Alba

Murió “La Muerte”. Era la cabeza del cartel del Golfo, uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo.

Arturo Beltrán Leyva, “La Muerte”, “El Barbas” o “El Botas Blancas”, se convirtió en “El Jefe de Jefes”, cabeza de una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de la historia que dirigió los últimos dos años, justo después de su rompimiento con el cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loaera, uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta, según la revista Forbes.

La noche del miércoles, el que fuera uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo murió en un enfrentamiento con elementos de la armada que intentaban detenerlo en la ciudad de Cuernavaca, a sólo 80 kilómetros al sur de la capital del país.

El operativo que terminó con la muerte de Arturo Beltrán Leyva se inició el pasado 11 de diciembre, cuando elementos de la armada irrumpieron en una fiesta en Ahuatepec, un poblado cercano a Tepoztlán –centro vacacional ubicado a media hora de Cuernavaca–, en la que se encontraba el capo y su jefe de sicarios, Edgar Valdés Villarreal, “La Barbie”. Ambos lograron escapar luego de una fuerte balacera en la que murieron tres gatilleros. Otros once fueron detenidos junto con 24 prostitutas y todo el grupo musical Los Cadetes de Linares, incluido el conocido intérprete de narcocorridos Ramón Ayala, a quienes apenas ayer la Procuraduría General de la República solicitó su arraigo.

El trabajo de inteligencia de la armada permitió ubicar a Beltrán Leyva en una propiedad de lujo en Cuernavaca, la capital del estado de Morelos, donde había construido su feudo. El condominio está apenas a 500 metros de la casa del gobernador y a 350 del zócalo de la ciudad.

Poco después de las 8 de la noche del miércoles, decenas de efectivos rodearon el lugar, irrumpieron en los edificios del conjunto residencial e intentaron realizar el arresto, pero fueron repelidos a tiros. Luego de cuatro horas de balacera, incluyendo la detonación de granadas de fragmentación, Beltrán Leyva y otros seis sicarios murieron a tiros.

Durante el combate, un efectivo de la Armada fue muerto y otros tres resultaron heridos.

Arturo Beltrán Leyva era el mayor de cuatro hermanos que rompieron con el cartel de Sinaloa, luego de la aprehensión de uno de ellos, Alfredo, “El Mochomo”, hace casi dos años. A principios de 2008, los antiguos operadores de “El Chapo” Guzmán se aliaron con Los Zetas, un grupo de ex militares contratados por el cartel del Golfo como sicarios.

Ambos se disputaban el control de las principales plazas y rutas del narcotráfico en el país. Combinada con la guerra que les declaró la administración de Felipe Calderón, que ha sacado a las calles a más de 5000 efectivos del ejército y la armada, la violencia asociada al crimen organizado ha causado la muerte de unas 15.000 personas desde diciembre de 2006. Tan sólo este año, más de 7350 personas han sido asesinadas, incluyendo 64 ejecutados el mismo día que cayó abatido el capo, por lo que es el día más violento registrado en la última década.

Beltrán Leyva había construido sólidas alianzas con el cartel del Norte del Valle, en Colombia. La PGR en México ofrecía 2,1 millones de dólares de recompensa por su captura, mientras que el Departamento del Tesoro estadounidense intervino varias empresas y cuentas personales vinculadas con el narcotraficante. Estados Unidos levantó cargos en su contra en agosto pasado. La oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA) lo acusa de introducir unas 200 toneladas de cocaína durante los últimos 10 años, con un valor estimado en 5 mil millones de dólares.

Según la administradora interina de la DEA, Michele M. Leonhart, “el reino de Arturo Beltrán Leyva ha terminado”. La funcionaria aseguró ayer que el narcotraficante se destacó por su violencia. “Defendió su imperio construido sobre la cocaína, la metanfetamina y la heroína, orquestó el asesinato de un sinnúmero de agentes de la ley, civiles inocentes, y de traficantes rivales. Y en el camino tomó cada oportunidad para aterrorizar a los inocentes y a los funcionarios corruptos del gobierno.”

El hecho fue aprovechado por el presidente Felipe Calderón, que interrumpió sus actividades en Copenhague, adonde asiste a la cumbre de la ONU contra el cambio climático, para dar la noticia de la muerte del capo. El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, aplaudió la estrategia seguida por la administración de Calderón contra los carteles de las drogas. Sin embargo, el procurador general de la República, Arturo Chávez, anticipó un recrudecimiento de la violencia por el vacío de poder que deja Beltrán Leyva, y reconoció que “en esta guerra nadie gana; el término ganar es duro, pues esto ha provocado la muerte de muchísimas personas y el dolor de muchísimas familias”.

Cómo perseguir el lavado
La Comisión para el Control del Tráfico de Drogas elaboró una serie de propuestas para flexibilizar restricciones de confidencialidad y crear bases de datos que reúnan información de distintos organismos públicos, entre otras.

Por Emilio Ruchansky

No existen en Argentina estudios sistemáticos ni políticas concretas para perseguir el lavado de dinero. La afirmación proviene de un documento oficial de la reciente Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, que sugiere reforzar el sistema de intercambio de información entre la AFIP y la Unidad de Información Financiera, que depende del Ministerio de Justicia. Según los expertos, el lavado de dinero excede al narcotráfico, ya que también se valen de este mecanismo quienes se dedican “a la venta de armas, la trata de personas, los fraudes y estafas, la fuga de divisas o al circuito legal de la evasión impositiva o la corrupción”. Según fuentes de la Comisión, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunciará en estos días los cambios legislativos que impulsará el Gobierno en materia de lavado y decomiso de bienes provenientes del narcotráfico.

En el documento de la Comisión a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro, entre cuyos integrantes se encuentra la jueza Patricia Llerena, especialista en lavado de dinero, hay una nota al pie en la que se reconoce que en Argentina “existe un gran número de actividades laborales y económicas que se desarrollan de modo informal, lo que genera una mayor dificultad al momento de llevar adelante un efectivo control del lavado de activos”. Sin embargo, esta actividad constituye “un auténtico delito contra la administración de justicia” y cuando involucra negocios criminales de gran lucro, como el narcotráfico, resulta central para que “la punta del ovillo” no sea el consumidor de drogas, sino el contador del capo narco. Según la doctrina jurídica, el lavado es una forma de encubrimiento por el que dota de una apariencia “legítima” al dinero conseguido ilegalmente para poder gastarlo sin levantar sospechas sobre su origen. Para ello, existen varias artimañas. Se arman negocios legales usados como “fachadas” para sobrefacturar, se buscan testaferros para adquirir propiedades e incluso se invierte en construcciones faraónicas (hoteles o casinos, por ejemplo) para justificar ciertos gastos e inventar otros tantos.

“Desde el año 1989 a la actualidad la política criminal en nuestro país ha sido errática, con falta de coordinación, con organismos ineficientes, con superposición de competencias, con falta de utilización de organismos y bases (de datos) estatales de buena calidad”, dice el documento. Tampoco hay estudios acerca de las fortalezas o debilidades del sistema de control de estos delitos, señalan los expertos, quienes advierten sobre “la imperiosa necesidad de fijar, coordinar, modificar y reforzar una política criminal, ajustada a la ley y a las necesidades del Estado”.

Una de las propuestas de la Comisión es realizar desde el Ministerio de Justicia un digesto, es decir, “una recopilación y análisis normativo que armonice y coordine la legislación administrativa y evite superposiciones de organismos y de normas” en torno del lavado. Luego habrá que fijar parámetros para registrar y sistematizar datos sobre los bienes, las ganancias o sobre las personas, “un insumo fundamental en el control estatal como en la averiguación de este tipo de ilícitos”. Estos datos deben estar al alcance de jueces y fiscales, por lo que habrá que introducir, advierten los expertos, “reformas legislativas en materia de las restricciones legales de confidencialidad”.

La base de datos, detalla el informe, debe nutrirse de varios organismos públicos: registros de comercio provinciales, inspección de personas jurídicas, registro y control de fideicomisos, registros de propiedad automotor, registro de propiedad inmueble, aduana, Anses, base de datos Syntis, AFIP, Banco Central, entre otros. Mejorar la Unidad de Información Financiera (UIF) es central en la propuesta de la Comisión. Su funcionamiento es definido por los expertos como “lento” en comparación a la velocidad de las operaciones financieras.

“Corresponde no sólo dotar a la UIF de recursos humanos y técnicos para que desarrolle con más eficiencia su función, sino que se impone reanalizar su conformación, el procedimiento, aumentar sus facultades a fin de que, como organismo filtro, brinde la información necesaria y mínima para realizar una investigación patrimonial”, dice el documento. También se sugiere “analizar la viabilidad” de que los funcionarios de la UIF puedan ser convocados, como técnicos, por cualquier magistrado que investigue el tema de lavado, corrupción o grandes fraudes.

Por otra parte, la Comisión plantea el cambio de autoridad de aplicación en lo que respecta a los instrumentos de cooperación penal internacional en la materia. Esto implicaría sacar del medio a la Sedronar, la secretaría a cargo de la prevención y lucha contra el narcotráfico, y poner estos mecanismos en manos de jueces y fiscales y la Interpol. En este sentido, la apuesta es reforzar los vínculos con la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial. Este un organismo que reúne a 23 países, la mayoría de la región, e impulsa el intercambio de información entre ministerios de Justicia y miembros del Poder Judicial de las naciones afiliadas.

Entre las sugerencias de la Comisión se incluye un sistema de recuperación del dinero lavado proveniente del delito y un registro de bienes incautados. Para que nadie se quede con el vuelto, los expertos proponen crear un ente de administración que custodie, administre y entregue los bienes decomisados, que surjan de las causas judiciales.