Asignación Universal

Buscan unificar proyectos y forzar al kirchnerismo para llevar las iniciativas al recinto
La oposición presiona para debatir un ingreso universal
Los proyectos parten de un ingreso base de 130 pesos para todos los menores de 18 años. El oficialismo todavía no cerró su propuesta. El alcance de la protección y la forma de financiamiento aterriza en el Congreso.

Gabriela Vulcano 26.10.2009

La Central de Trabajadores Argentinos estima que, de los 13 millones de menores, el 60 por ciento no recibe ayuda.

En un esfuerzo por estar un paso adelante del oficialismo, las distintas fuerzas opositoras ya tienen listos sus proyectos de ley de ingreso universal a la niñez. En algunos casos, hay iniciativas que esperan su tratamiento desde hace años en los cajones de los despachos, como las de los diputados nacionales Elisa Carca, de la Coalición Cívica, y Claudio Lozano, de Proyecto Sur.

Aunque entre los legisladores del Frente para la Victoria existen varias propuestas en ronda, aún no unificaron una posición común dentro del bloque. Todos los partidos coinciden en la necesidad de brindar una ayuda social a los menores de 18 años, que la ANSES sea el organismo encargado de la implementación y que el cobro se efectúe mediante una tarjeta. Sin embargo, los puntos centrales tienen forma interrogativa: si deben ser universales y cómo se financiarán.

En la Argentina, según la CTA, de los 13 millones de menores de 18 años, cerca de 8 millones deberían recibir de inmediato asistencia. “Sólo el 40 por ciento percibe algún tipo de asistencia del Estado. El otro 60 por ciento no recibe nada”, especificó Lozano a Crítica de la Argentina.

En su proyecto –que recoge el histórico reclamo de la central sindical–, el economista plantea la extensión del monto actual de las asignaciones familiares (180 pesos mensuales) a todos los niños y adolescentes que hoy no tienen ningún tipo de cobertura social. El objetivo es que, con el tiempo, esa cifra llegue a 300 pesos, lo cual permitiría “terminar con la indigencia”. El Sistema Solidario de Redistribución Social de las diputadas de Libres del Sur Victoria Donda y Cecilia Merchán va en esa misma línea.

Ambas iniciativas plantean que el ingreso universal reemplace a los planes que hoy existen y proponen una ayuda escolar anual. “Hay que integrar los planes que implican transferencia monetaria y que todos los pibes perciban 180 pesos”, apuntó Lozano.

Para la socialista Silvia Augsburger el proyecto es que “todos los niños menores de 18, cualquiera sea su condición, reciban el mismo monto, el cual debe cubrir la canasta básica de alimentos”. Y, al igual que Lozano, afirmó que hay que terminar con la deducción por hijo del Impuesto a las Ganancias. Además, puntualizó que la universalidad de las políticas sociales se torna imprescindible para dar fin al clientelismo político.

Con el mismo espíritu, el proyecto de Ingreso Ciudadano para la Niñez, que plantea la Coalición Cívica y al que adhieren la UCR y el GEN, tiene como finalidad que todo niño menor de 18 años, las embarazadas y los discapacitados “tengan el derecho a cobrar una asignación sin ningún intermediario para, así, terminar con el clientelismo”. La iniciativa de Carca propone como contrapartida que los niños se mantengan dentro del sistema escolar y de salud.

En el bloque oficialista del Frente para la Victoria, en tanto, hay varios proyectos de asignación por hijo para los sectores informales de menores recursos. “No estamos de acuerdo con que la ayuda sea universal porque no es justo que los hijos de (Amalia Lacroze de) Fortabat o de (Hugo) Biolcati cobren una asignación”, sostuvo el diputado del FpV Héctor Recalde, autor de una de las iniciativas. Para impedir que haya clientelismo, el abogado de la CGT planteó “el cobro con una tarjeta y la partida de nacimiento del niño ante la ANSES”. Según el proyecto, hay 6 millones de potenciales beneficiarios.

Sin embargo, para el oficialismo, la discusión principal es de dónde saldrán los 11 mil millones de pesos necesarios para los casi seis millones de potenciales beneficiarios. Algunas de las alternativas son: gravar la renta financiera, aumentar los impuestos a las Ganancias o al juego.

Desde la Coalición aseguraron que “con los recursos de las actuales ayudas sociales, sumado a gravar la renta financiera, alcanzaría para cubrir los 25 mil millones de pesos” que estiman necesarios para las asignaciones. El proyecto de Donda y Merchán sostiene que se precisan quince mil millones de pesos anuales, que podrían obtenerse gravando la renta financiera. Mientras tanto, Lozano explicó que “para garantizar los 180 pesos, se necesitan 10.500 millones” y que para eso bastaría con revisar los actuales esquemas de subsidios y la renta a las ganancias, más la restitución de las contribuciones patronales a los niveles vigentes en 1993. “Más allá de los diferentes planteos, sólo resta que el oficialismo se disponga a tratar este tema. Ya no se puede esperar más”, concluyó. Los tiempos legislativos –y sociales– parecen darle la razón.

Una charla para ajustar detalles

Diputados de diferentes bloques comenzarán hoy a debatir sobre el ingreso universal a la niñez en una charla convocada por las legisladoras de Libres del Sur Cecilia Merchán y Victoria Donda en el Auditorio del Anexo de la Cámara alta. Del encuentro participarán los diputados Juliana Di Tullio, del Frente para la Victoria; Claudio Lozano, de Proyecto Sur, y Roy Cortina, del Partido Socialista. También estarán el dirigente de la CTA Víctor De Gennaro y líder de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas.

OPINIÓN

La pobreza y el monopolio de la representación moral
Ariel Wilkis (Sociólogo)

El debate que estos días reaparece en torno a la “universalización” de la ayuda social está tejido de argumentos morales. Éstos son movilizados por algunos agentes que forjan su trayectoria y posición en el campo político reclamando un monopolio de la representación moral de la sociedad. En el caso específico de los argumentos que se movilizan a favor de la “universalización” se hace de la necesidad virtud.

Quienes hablan de “liberar” a los pobres o los tratan de “rehenes” –como el martes pasado escuchamos declarar a dirigentes de la oposición al salir de una reunión con miembros de la Iglesia– trasladan las condiciones de posibilidad de su participación en el juego político a una toma de posición sobre la moralidad con la que los pobres hacen uso de los recursos de origen estatal. Su capital político es inversamente proporcional a la inmoralidad ajena (en este caso la que corroe la vida social de los pobres).

Como nos enseñan en los primeros cursos de sociología, el conocimiento avanza remontando las primeras evidencias. Un breve control sobre las representaciones que se anudan en torno a la “universalización” de la ayuda social implicaría: explicitar el interés en el desinterés de parte de quienes clasifican los usos sociales de la ayuda desde determinadas etiquetas (clientelismo, asistencialismo) y controlar el propio lenguaje de la “universalización” cuando a través de él se transporta un desprecio por aquellos que este discurso pretende “liberar”. Esto se produce cuando esta palabra adquiere poderes mágicos de sanación de una vida colectiva enferma.

¿La denuncia generalizada de usos “arbitrarios” y “discrecionales” en el uso de los planes no implica trasponer una escala de valores de agentes externos hacia una vida colectiva que encontró en esas modalidades de distribución ciertas escalas de justicia? ¿Quién garantiza que la universalización de los planes “libere” a los pobres si ella promete un paraíso sólo a los ojos de quienes abstractamente disocian las denunciadas “arbitrariedades” de las protecciones y seguridades tejidas a ciertas circulaciones de recursos?

Sociólogos y antropólogos preocupados por los avatares del mundo popular han producido una importante literatura durante los últimos años que permite responder estas preguntas. Sería bueno escuchar sus voces antes que se cierre en este debate una única narración sobre los pobres, su moral y los planes sociales