"El objetivo del golpe del 76 fue instaurar un plan económico"

El experto Saín critica el terrorismo de Estado.

LA GACETA/INES QUINTEROS ORIO

En materia de juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años 70, Marcelo Saín pone de resalto una paradoja. "La Argentina ha avanzado mucho durante los últimos 30 años.

No hay otro ejemplo similar en América Latina. Sin ir más lejos, si nos comparamos con Chile, no nos apegamos a la ley como ellos y somos un país mucho más desordenado. Pero, en el punto en análisis, tenemos a todos nuestros dictadores detenidos, procesados, encarcelados y muchos de ellos ya han sido condenados; en Chile, no", aseguró a LA GACETA.

El jueves, el investigador y profesor de la cátedra de Delito, Sociedad y Estado de la Universidad Nacional de Quilmes presentó el libro Seguridad pública, democracia y derechos humanos, publicado por Abogados y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).

Aunque respetuoso del diálogo y del debate, Saín considera que no son equiparables absolutamente los delitos cometidos por el aparato del Estado, dominado por las Fuerza Armadas, que los ocasionados por organizaciones guerrilleras, discusión que se ha planteado recientemente en la Justicia Federal de Tucumán en el caso del asesinato del capitán Humberto Viola y de su hija María Cristina.

El doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Campinas, Brasil) se manifestó de modo terminante. "El terrorismo de Estado consistió en una organización que, a través de un conjunto de estructuras ilegales, desarrolló una estrategia de exterminio de un sector de la población debido a sus actividades sociales y políticas. Equiparar esto con una actividad ilegal y aun violenta, como las de las organizaciones políticas que operaron en la Argentina, es un error de apreciación fenomenal, que no tiene que ver ni con las secuelas ni con la letalidad de la acción. El Estado no puede responder, como estrategia, con un delito mucho más sofisticado para conjurar la violencia ilegal. A esta se la responde con el código y con las instituciones penales, dentro del marco de la ley", afirmó.

Saín insistió: "está demostrado que la guerrilla ya no tenía asidero político en la Argentina y que su conjura a través de los organismos policiales del Estado era absolutamente factible. Pero aquí hubo un plan sistemático con el objeto de instaurar un modelo económico determinado. A los 15 días de haberse instalado la junta militar, en 1976, (Alfredo) Martínez de Hoz anunció un plan detallado, que no se arma de un día a otro y que fue desarrollado con absoluta eficiencia. El objetivo de la dictadura era ese; la guerrilla fue una mera instancia de justificación".

Asignaturas pendientes

Amén de los avances, el catedrático está persuadido de que el país está rezagado en otros aspectos que hacen a la vigencia plena de los derechos humanos. "En todo lo atinente a las cuestiones sociales, en el plano de la violencia institucional, hay una deuda muy grande: la respuesta estatal, a través del sistema policial, a las problemáticas del delito, y el sistema penitenciario", detalló.

El experto aseguró que no hubo estrategias integrales en materia de seguridad pública. "Los delitos violan derechos de personas y cuando el Estado se manifiesta inerte frente a esto y no formula políticas o no desarrolla reformas institucionales para adecuar las instituciones, entonces se transforma en cómplice de ese conjunto de violaciones a los derechos humanos", remató.