“Un colaborador del Ejército”

Durante la dictadura, Víctor Hermes Brusa apelaba a patadas de karate para amedrentar a los secuestrados. Durante el menemismo fue ascendido a juez federal.

La investigación de Baltasar Garzón marcó el principio del fin de su impunidad.


A Anatilde Bugna de Perassolo la secuestró La Patota, el grupo de tareas que actuaba durante la última dictadura en la provincia de Santa Fe. Quedó detenida en el siniestro puesto de la Guardia de Infantería Reforzada, reconocido como centro clandestino. Como lo hicieron otras víctimas, también Bugna de Perassolo recordó la presencia del ex juez Víctor Hermes Brusa en los pasillos de ese lugar.

Brusa era secretario del Juzgado Federal 1 y mano derecha del juez santafesino Fernando Mántaras. “Cuando me llevaron a declarar y entra Brusa –dijo la mujer a Rosario/12– me puse chocha porque lo conocía de la Facultad de Derecho, pero no me escupió la cara porque no pudo. Me sentaron en una sillita y mientras yo hablaba, él daba vueltas alrededor mío. Se cagaba de risa por supuesto, me tiraba golpes de karate.”

Perassolo no es la única persona que habló de esas vueltas alrededor de una silla, ni de las patadas de karate lanzadas una y otra vez al ras de la cara. Dicen que ése era uno de los métodos del ex juez, ahora primer integrante del Poder Judicial condenado por su participación en el terrorismo de Estado. Que con aquella calesita Brusa intentaba amedrentar aún más a los detenidos políticos para obligarlos a mantenerse en estado de alerta, sin que pudieran detenerse a pensar.

Brusa tiene un pasado de rugbier en el Jockey Club de Santa Fe, entrenador del equipo que luego pasó al Ateneo Inmaculada. El año pasado, las publicaciones provinciales difundieron un informe de la SIDE con sus antecedentes fechado en 1981. Allí se decía que Brusa integró los grupos de Acción Católica en 1967, y tres años después entraba en el sistema judicial.

Entró como meritorio ad honorem en el Juzgado Federal 1, lo nombraron empleado un año más tarde. El 30 de octubre de 1975 se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral y en 1978 asumió el cargo de secretario criminal de instrucción de ese mismo juzgado, el título que esgrimía o con el que lo presentaban cuando llegaba a los centros clandestinos.

“Brusa parece que tiene un dios aparte, de todas formas me parece terrible que un secretario de un juez se preste a tomar declaraciones en un lugar de detención clandestino”, dijo en este caso Patricia Isasa, otra ex detenida de la GIR, a Rosario/12. “Como me negaba a firmar la acusación, el doctor Brusa amenazaba con que los guardias volverían a interrogarme”, relató José Schulman años más tarde, ante el Consejo de la Magistratura, y entre los ocho ex detenidos que explicaron cómo les hacía firmar declaraciones arrancadas durante las torturas.

El informe de la SIDE no ocultó un detalle: el destacamento de inteligencia 122 que firma el documento lo menciona como “un amigo, colaborador del Ejército Argentino”.

En 1992, durante la era menemista, Brusa logra convertirse en juez federal. Asume el cargo a pesar de que su nombre había sido incluido entre los represores denunciados por la Conadep en 1984 o pese a gestiones como las que años más tarde confesó el ex juez santafesino Raúl Dalla Fontana, quien habló de sus gestiones secretas en el Congreso para frenar el nombramiento. Dalla Fontana llegó a planteárselo, dijo, a Deolindo Bittel pero ninguna de sus gestiones finalmente sirvieron.

Brusa había sido impulsado en su flamante cargo por dos ex senadores, Luis Rubeo y Liliana Gurdulich, cercanos a los sectores del Ejército. “Mirá, hermano”, le dijo Bittel a Dalla Fontana, explicó él mismo al ex magistrado. “Yo entiendo lo que me decís, pero acá no hay forma porque en el Senado hay un acuerdo que dice que al juez federal lo ponen los senadores de cada provincia”.

Así como ahora, Brusa es el primer juez condenado por los delitos de lesa humanidad en mayo del año 2000 obtuvo un título un poco más decoroso: se convirtió en el primer magistrado destituido por el Consejo de la Magistratura. Pese a sus recorridos en los pasillos de los centros clandestinos, pese a las denuncias y a los testigos, el Consejo lo expulsó en el marco del caso de Miguel Pedernera, el aprendiz de guardavida, al que Brusa embistió con su lancha el 8 de noviembre de 1997 y al que abandonó.

El Consejo lo expulsó no por el caso sino por las maniobras con las que intentó desentenderse de su responsabilidad en la causa. Según el Consejo, Brusa le pidió a Prefectura que “le arreglara el asunto” y designó como abogado al ex esposo de la jueza que tenía la causa para obligarla a excusarse.

Siempre se supo, sin embargo, que el Consejo que no podía juzgar a quien entonces aún era juez por su intervención en la dictadura, encontró en esos mecanismos la excusa para sacarlo del Poder Judicial. “Su proceder a partir del accidente ocurrido en la Laguna Setúbal –indicó el camarista Gabriel Chausovsky, por ejemplo– revela una actitud derivada de un sentimiento de impunidad que guarda relación con las antiguas y graves denuncias formuladas. Aquellos vientos, trajeron estas tempestades.”

Las tempestades para Brusa en cambio sobrevinieron a partir de ese momento. En 2001 el juez español Baltasar Garzón pidió su detención y extradición por genocidio, terrorismo y torturas y eso se trasformó en la primera posibilidad para detenerlo. El 17 de septiembre de ese año, el ex juez Gabriel Cavallo ordenó la detención de Brusa. Brusa se presentó después de diez díaz acompañado por el abogado Pedro Bianchi, ex defensor del ex capitán nazi Erich Priebke y del represor Emilio Massera. En esa entrega, Brusa albergaba la esperanza de que no lo extraditaran a España, favor que cumplió Fernando de la Rúa que invocó el derecho de territorialidad.

“No tengo ningún inconveniente de viajar adonde sea”, dijo una vez a José Maggi de Rosario/12. “Siempre y cuando ese juez sea competente para interrogarme. ¿O usted viajaría a Portugal por un hurto cometido en Lomas de Zamora.”

El 14 de agosto de 2002 el juez santafesino Reinaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, y en 2002 se abrió la posibilidad de juzgarlo. En 2005, el juez federal Reinaldo Rodríguez lo procesó por los delitos de lesa humanidad. Ahora termina el juicio oral, y acaban de condenarlo.