Cronicas

LA DERECHA CHILENA Y SU POSTURA DELIRANTE HACIA LOS GOLPES DE ESTADO

Cronicas de un golpe al pueblo

06 July, 2009 Iván Gutierrez

El accionar de la derecha latinoamericana ha seguido sus propias convicciones El reciente golpe militar en Honduras plantea un desafió al sistema interamericano en su actuar en la defensa de la democracia, ya no solo en el plano de las declaraciones formales.

Si bien ha existido unanimidad en la condena de la acción golpista, las diferencias ideológicas entre los gobiernos de la región pueden aflorar nuevamente al momento de definir una estrategia contra la asonada que ha logrado al menos provisoriamente imponerse en la nación centroamericana.

Una dificultad para toda tentativa de restablecer la democracia surge del apoyo prácticamente unánime que el golpe ha encontrado dentro de la clase política hondureña. Esta coincidencia es reflejo de la practica inexistencia de una izquierda organizada en Honduras, situación que en buena medida explica por que se vio libre de las convulsiones que afectaron a otros países de la región durante la décadas de los 70 y 80, pues en esta nación la vida política desde hace ya medio siglo, se encuentra monopolizada por dos partidos, el nacional y el liberal, los que mas allá de sus diferencias, han sido controlados por los sectores oligárquicos.

Históricamente los liberales han encarnado una opción civilista, que toma por modelo a Costa Rica, por el contrario los nacionales sostenían la necesidad de la tutela militar sobre el proceso político, tal y como sucedía en El Salvador y Guatemala. En tanto EEUU privilegio los aspectos estrictamente de seguridad en su relación con Centroamérica, los nacionales con sus aliados militares no tuvieron problemas para mantener el control. Cuando en la década de los 80 la política estadounidense se volvió más compleja, que combinaba la democratización con la guerra de baja intensidad, los liberales pudieron competir en igualdad de condiciones con sus adversarios. Así desde 1982 se han sucedido sin interrupciones gobiernos civiles, alternándose los dos partidos en el poder.

Por tanto la situación del Presidente Zelaya, que llega a la primera magistratura como representante del partido liberal, para en el transcurso de su mandato alinearse con las posturas encabezada por Hugo Chávez implicaba un desafió sin precedente para los sectores políticos y sociales que han detentado tradicionalmente el poder, de allí la radicalidad de su respuesta.

Sin duda, aun cuando completamente aislado respecto de la clase política, así como de la judicatura y las fuerzas armadas, Zelaya debe haber captado un apoyo significativo en la población. Solo así se explica la dureza de la reacción contra la iniciativa del plebiscito no vinculante, pues de haber estado destinada al fracaso la propuesta presidencial, lo mas lógico hubiera sido que sus opositores hubieran concurrido a las urnas para de esta forma liquidar definidamente la pretensión del mandatario de iniciar una remodelación radical del sistema político de su país.

Tampoco el que la consulta no vinculante fuera un mecanismo no contemplado en la Constitución indica a priori, como se ha planteado por los golpistas hondureños y por sus admiradores de la derecha en Chile, un espíritu antidemocrático del presidente Zelaya. En efecto, el mecanismo fue utilizado por gobiernos de credenciales democráticas tan impecables como el de Alfonsin, en relación con la propuesta limítrofe sancionada por la mediación papal y el de Felipe González para el ingreso de España a la OTAN, aun cuando en ambos casos se trataba de un mecanismo que no figuraba en sus respectivas constituciones.

La intensidad del sentimiento de amenaza con que ha sido vivido por los sectores sociales y políticos que han ejercido el poder sin contrapeso hasta ahora en Honduras el desafió planteado por el viraje de Zelaya, explica la torpeza, propia de la derecha latinoamericana, con que actuaron. Poseedores del control casi completo de las instituciones, debieron haber seguido el camino de una acusación constitucional para derrocar al Presidente, sabiendo que la mayoría parlamentaria abrumadora que habían logrado reunir sancionaría favorablemente el argumento jurídico a que se recurriera para dar forma a una decisión política ya tomada. Frente ante una salida de este tipo es altamente probable que hubiesen aflorado diferencias de criterio dentro de la OEA, las difícilmente hubieran permitido una reacción tan enérgica como la que ha ocurrido.

Ejemplos de esta incapacidad para graduar el uso de la fuerza en función de objetivos ocurrió también en el caso del intento de derrocamiento de Hugo Chávez el 2002, obtenida su renuncia, la decisión de no enviarlo inmediatamente al exilio y de retenerlo detenido abrió el espacio para el contragolpe, que adquirió fuerza como resultado de la inquietud de importante sectores militares ante la incertidumbre acerca de la suerte del mandatario caído y el carácter abiertamente derechista de la nueva administración, que los adversarios de Chávez no tuvieron mejor idea que instalar en la Presidencia al dirigente máximo de los empresarios. Precisamente, esta radicalidad de la derecha de gran parte de nuestro continente se manifiesta en la voluntad de los golpistas de Honduras para actuar y mantenerse en el poder no obstante la oposición de EEUU.

Efectivamente, lejos de haber sido un simple instrumento de las políticas norteamericanas hacia la región, el accionar de la derecha latinoamericana ha seguido sus propias convicciones, apoyada en su propio poder y en la capacidad que ha demostrado en concitar la adhesión de parte importante de la población, no vacilando en seguir una línea distinta de la propugnada por Washington cuando así lo han estimado necesario. Un ejemplo es lo ocurrido en el Salvador durante la década de los 80, en donde frente ante el apoyo estadounidense a alternativas reformistas, la derecha respondió con la escuadrones de la muerte, y finalmente el partido ligado a estos logra ganar las elecciones en 1989, desalojando a los democratacristiano que contaban con las simpatías estadounidense.

La voluntad de la clase dirigente hondureña de actuara por vía del golpe militar y su postura absolutamente unificada, en los hechos implico hacer extremadamente difícil cualquier salida intermedia, pues no aparecen instancias que puedan presentarse ante la comunidad internacional con alguna apariencia de neutralidad, que les permitiera actuar como agentes de una salida intermedia, del tipo de un adelantamiento de las elecciones o de la restauración de Zelaya bajo un compromiso explicito o tácito de intentar presionar a favor de una reforma constitucional que permitiera su reelección, salidas que las que plantearon en nuestro país algunos supuestos expertos, que por cierto no dejaban de mostrar sus simpatías por lo que percibían como un nuevo revés del mandatario venezolano.

Este último punto es quizás el mas importante para Chile de los sucesos de Honduras, la derecha si bien a tenido cuidado de no adherir abiertamente al golpe, cuando lo ha condenado, su oposición se ha limitado al método utilizado para desalojar a Zelaya, pero a dejado en claro que la institucionalidad democrática es valida solo en caso que sea eficaz para detener la expansión de lo que denomina como el Chavismo. Es decir, se condena el estilo del golpe pero se acepta su legitimidad. Cuando se esta a meses de elecciones presidenciales en nuestro país, resulta preocupante que algunos sectores extremos de la derecha sigan tendiendo una postura delirante y compresiva hacia los golpes de estado como una herramienta para resolver los conflictos políticos que deberían ser resueltos a través de los distintos mecanismos democráticos que existen.

Por Waldo Chacón Maccari

Santiago de Chile, 7 de julio 2009
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